En estos días de convulsión sanitaria y política, el Gobierno prevé aprobar la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, a la que coloquialmente se está refiriendo la opinión pública, e incluso algunos políticos, como la Ley Rhodes. Se trata de un importante avance en la protección de los menores, de cara a establecer mecanismos que aseguren un desarrollo personal marcado por el bienestar personal y la convivencia pacífica en su entorno social. Una gran noticia para quienes trabajamos en este ámbito, siempre que se desarrolle con los criterios de calidad necesarios para que alcance los loables y ambiciosos objetivos que persigue, que sin duda son comunes a toda la sociedad.

¿Qué contenidos desarrolla la ley?

En el anteproyecto de esta Ley, más concretamente en su artículo 29, se describe la figura del Coordinador o coordinadora de bienestar y protección. Su redacción dentro del anteproyecto, consistente en tres apartados, es la siguiente:

1. Todos los centros educativos, con independencia de su titularidad, donde cursen estudios personas menores de edad, deberán tener un coordinador o coordinadora de bienestar y protección de sus alumnos, que actuará bajo la supervisión de la dirección o titularidad del centro.

2. Las Administraciones educativas regularán los requisitos y las funciones que debe desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, y que deberán ser al menos las siguientes:

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección y protección de los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado, así como actividades destinadas a promover la cultura del buen trato a los mismos. En la formación del personal se deberá priorizar la dirigida a aquellos que ejercen como tutores. En el caso de la formación del alumnado se deberá priorizar la adquisición por estos de habilidades para detectar y responder al maltrato.

Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento sobre las personas menores de edad.

b) Fomentar que los responsables de las diferentes actividades complementarias y extraescolares hagan valoraciones de riesgos, buscando medidas que garanticen que todos los niños, niñas y adolescentes están correctamente atendidos, con especial atención a la diversidad o las distintas capacidades de los alumnos y alumnas

c) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las Administraciones educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales de atención primaria, debiendo informar a las autoridades competentes si se valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos.

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes.

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de maltrato existentes en su localidad o comunidad autónoma.

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.

3. El coordinador o coordinadora responsable de bienestar y protección mantendrá la confidencialidad de las actuaciones desarrolladas y actuará, en todo caso, con respeto a lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos.

Reflexiones que suscita la ley.

La lectura atenta y detallada del catálogo de funciones que la Ley incluye para esta figura de nueva creación en el ámbito escolar invita necesariamente a pensar en los perfiles profesionales existentes para llevar a cabo el mejor «matching» posible entre funciones y profesional encargado de llevarlas a la práctica. Y creemos que el perfil que mejor se adecúa es el de las y los Educadores Sociales.

Como dice Ortega Esteban (2014), cuando hablamos de Educación Social en el entorno escolar, en concreto de la educación social como praxis profesional en los centros educativos, somos “conscientes de que, sin la convivencia de los alumnos entre sí y de los alumnos y los centros con el entorno, nada va a ser posible, nada o poco su instrucción y menos su formación integral”.

Pero, en todo caso, no nos planteamos que la Educación Social sea ese recurso que sirve para desactivar problemas en el ámbito escolar, como un simple bombero social, que va apagando los fuegos en forma de conflicto que surjan. Limitar lo que aporta el perfil de las educadoras y educadores sociales a esa “función nacida de la lógica perniciosa de las necesidades” que denunciaba Núñez (1999) sería muy poco coherente con la naturaleza de disciplina y la profesión socioeducativa, e incluso con la idea que persigue la propia Ley Rhodes.

Se apuesta por esa doble vertiente que ofrece la Educación Social, tanto transformadora de los sujetos hacia una mejor convivencia (escolar o familiar), como de los entornos, que pueda hacer de los centros educativos espacios de aprendizaje de una mejor gestión de los conflictos, frente a las posiciones que tienden a evitarlos o resolverlos por la fuerza. La transformación de los colegios e institutos en espacios de respeto al otro, de bienestar social y de protección hacia niños, niñas y adolescentes necesariamente pasa por la inclusión de una figura con la conciencia, la formación y la capacidad profesional de transformarlos en eso.

Podría temerse cierta tensión entre las figuras propias del entorno escolar y la de los y las profesionales de la Educación Social, porque todos los cambios generan crisis, pero también sobre eso hay toda una labor de reflexión previa. Borges y Cid (2019) proponen, en las relaciones entre el profesorado y el o la profesional de la Educación Social, funciones y actividades como:

  • sensibilizar al profesorado sobre temas sociopedagógicos de infancia y juventud
  • informar al claustro sobre los recursos de la comunidad, instituciones, etc.
  • orientar y formar a los equipos docentes sobre temas  sociales  como  prevención,  trabajo  con  familias,  etc.
  • proponer  al  profesorado determinadas  técnicas  o  formas  de  intervención  en  el  aula  con  alumnado  que  tenga comportamientos disruptivos, etc
  • actuar como mediador/a en conflictos entre alumnado y el profesorado
  • coordinarse con los equipos docentes en la realización de actividades conjuntas cuando comparten destinatarios o cuando se trabajan los mismos objetivos por separado, cada profesional desde su área e competencia.

Conviene tener presente que hay ya antecedentes de la inclusión de educadoras y educadores sociales en los centros educativos en diferentes comunidades autónomas del territorio español, como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Canarias, donde toda esta visión teórica ha cristalizado en la práctica.

Funciones desarrolladas por la ES en los centros educativos

Dentro de las Instrucciones que la Junta de Andalucía (2010) publicó para la incorporación de educadoras y educadores sociales en los centros educativos, cabe destacar algunos objetivos y tareas de diferentes ámbitos relacionados con el tema que nos ocupa:

  • En el ámbito de la Mejora de la Convivencia, por ejemplo, se planteaba como objetivo el crear espacios socioeducativos y equipos de trabajo mediadores y negociadores para la eficacia en la resolución de conflictos, además de tareas como desarrollar programas específicos de habilidades sociales, comunicativas y para la relación con los iguales, el seguimiento y la colaboración en la respuesta educativa al alumnado con comportamientos problemáticos, el desarrollo de programas para prevenir y afrontar la conflictividad escolar, la mediación en conflictos alumnado-centro, familia-centro y alumnado-familia; y, muy especialmente, la intervención con el alumnado y las familias con problemas de convivencia.
  • En el ámbito del Trabajo con al Alumnado en Situación de Riesgo, se planteaban objetivos, entre otros, como elaborar y aplicar programas y actividades para mejorar la inserción social y escolar del alumnado en riesgo, o participar junto con otras instituciones y organismos en la planificación, organización y desarrollo de actuaciones integrales con este perfil de alumnado. Entre las tareas, destacan el trabajo como mentor del alumnado, o la coordinación de los recursos de la zona para el uso por parte del alumnado en riesgo, aparte del desarrollo de programas que puedan reducir ese riesgo y fomentar la protección del menor.
  • E el ámbito de la Participación con la Comunidad, el desarrollo de toda una serie de actuaciones relativas a mejorar los vínculos entre el centro, el profesorado y el alumnado con el entorno social, institucional y comunitario.

Como decíamos, a lo largo de esta década, en las comunidades autónomas arriba citadas, se ha implementado la figura del Educador o Educadora social en los centros educativos, con funciones muy similares a las descritas, además de otras muchas relativas a aspectos como el Absentismo escolar, la dinamización familiar, o la colaboración y coordinación con otros programas institucionales.

Resultados de la implementación de ES en centros educativos

La incorporación de Educadores y Educadoras Sociales a los centros educativos en diferentes zonas del territorio español parece haber sido valorada de manera muy positiva tanto por las Administraciones educativas, como por el alumnado, el profesorado, las familias y los propios profesionales de la Educación Social.

Sin ir más lejos, la evaluación del programa piloto desarrollado en la comunidad autónoma de Canarias, realizada por el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa del Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de La Laguna, arrojaba una interesante conclusión: “estos profesionales se han ganado la confianza de los estudiantes, al tiempo que se han convertido en referentes de apoyo al profesorado, no sólo en la acción directa con el alumnado en el acompañamiento individual, en la gestión de conflictos y en la toma de decisiones, sino en el complemento de ciertas acciones desarrolladas por los equipos docentes, añadiendo a las mismas la perspectiva social.”

Todos estos elementos hacen pensar que hay un alto nivel de coincidencia entre las funciones asociadas a la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección de esta Ley Rhodes, y los objetivos y funciones que educadores y educadoras sociales han desarrollado en la última década en el entorno escolar, además con buenos resultados.

Por todo lo anteriormente expuesto, sería absolutamente lógico que dichas funciones fueran asumidas por profesionales de Educación Social, que darían respuesta de la manera más adecuada a las necesidades escolares y sociales que se plantean en el texto de la Ley Rhodes.

Álvaro Olivar Arroyo Educador Social y Pedagogo.

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