La intervención social está, por definición, al servicio de la población, de las personas, de su realidad. El origen, la motivación y el principio ético sobre el que se apoya cualquier actividad social es la capacidad transformadora, el tránsito hacia una realidad mejor del individuo en particular y de la sociedad en general, creando al mismo tiempo un cambio personal y uno colectivo, intentando equilibrar la sociedad, creando sistemas más justos. Esta transformación colectiva, este avance social, se consigue cuando la sociedad común, esa que se encuentra en el medio, en lo integrado, en lo normalizado, acepta este cambio y lo interioriza. Esta ética nos ha hecho llegar a alcanzar derechos humanos y sociales y mantenerlos en el tiempo.

Bien, ¿Qué pasa cuando los Servicios Sociales, que dan cobertura a los derechos más fundamentales de las personas se privatizan? Pues simplemente que programas como: la protección a la infancia, la gestión de recursos de sinhogarismo o el programa de acompañamiento social de tu localidad, pasan a gestionarlo entidades sociales sin ánimo de lucro o bien empresas abiertamente privadas con afán de rentabilidad económica.

Estos nuevos modelos de gestión se han disparado en los últimos años en España, avalando un supuesto equilibrio entre el sector privado y el público. Respaldándose en la idea de hacer un modelo más sostenible y ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Colocando la intervención social, y por ende, a los servicios sociales, los servicios sanitarios o educativos, como un gasto. Viviéndolos y transfiriendo esa visión de fuga de dinero dentro del sistema a la población. En vez de vivirlos como lo que realmente son una inversión. Una inversión que puede atajar procesos de marginalidad mayores, una inversión que salva vidas, una inversión que forma a las generaciones futuras, una inversión en estado de bienestar de la población y sobre todo una INVERSIÓN EN DERECHOS.

Para que os hagáis una idea, las personas que tienen un empleo dependiente de subcontrata cobran una media de un 31% menos. Esto no solo repercute en las empresas que quieren sacar rendimiento económico, sino que también repercute en las entidades sociales, ya que tienen que bajar sus exigencias para poder competir con estas empresas. Es un movimiento generalmente lento, pero se puede ir apreciando como cada vez las condiciones laborales en la profesión social son más precarias. Casi independientemente de cual sea la entidad o empresa que te subcontratarte. Una gran responsabilidad de esta situación la tienen los pliegos de los Ayuntamientos y su valoración a la hora de asignar programas y proyectos. Puesto que normalmente el peso mayor de esta adjudicación es el presupuesto más bajo y no el proyecto técnico más potente, porque recordad que somos leídos como una pérdida de dinero constante.

Toda esta politica de privatizaciones que ya viene de lejos, ha permitido generar un campo de negocio tan jugoso que este tipo de empresas han aterrizado para repartirse el pastel con las entidades del tercer sector. Dejando a un lado las valoraciones éticas y las consecuencias que esto conlleva, tanto para los profesionales del sector como para la propia población (otro día hablaremos del matrimonio privatización/precarización), nos fijamos hoy en un caso flagrante de búsqueda de beneficios en Servicios Sociales: la empresa Grupo 5.

Empresa formada por un equipo de más de 2.200 profesionales que da atención diaria a 4.500 personas, con presencia en Madrid, Andalucía, Extremadura, Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Asturias, Navarra, Aragón y Cataluña. Grupo 5 en el año 2017 fue comprada por Corpfin Capital empresa de inversión, que para los no economistas como nosotras, se trata de un fondo buitre.

Los fondos buitres son fondos de capital riesgo que especulan con el dinero y el mercado. Su práctica habitual es comprar deuda de países o empresas que están al borde de la quiebra por un valor muy inferior a lo que realmente valen, para luego conseguir que el mercado les devuelva ese valor real. En estas empresas no hay, por supuesto, ningún atisbo de conocer o comprender la realidad de la intervención social ni de sus objetivos, ya que tienen el suyo propio: sacar rentabilidad económica. Esto normalmente se traduce en un peor servicio para las personas usuarias así como para los trabajadores de la empresa. Pasemos muy por encima de la cuestión ética, ya que aquí tendríamos mucho que decir, por ejemplo: se puede dar el caso de que esos mismos fondos que especulan con el mercado y con la vivienda, sean tanto de forma indirecta, como directa, uno de los culpables de dejar a una familia en la calle y sea también, el propio fondo buitre, el que gestione su entrada en un albergue de emergencia.

Queda claro que hay un principio rector que lo dirige todo: la máxima rentabilidad económica posible. Grupo 5 es una mera estructura hueca, un envoltorio de apariencia social incluso ético pero que gestionado por un fondo buitre, se convierte en una empresa tan rentable como para repartir a su único socio, es decir a CORPFIN, 24 millones de euros el año pasado, ¿os imagináis a costa de qué?

El comité de dicha empresa (Comité Empresa Sef), lo deja claro en su comunicado, del que queremos hacernos eco a continuación:

  • Las plantillas de Grupo5 son las peor remuneradas de todos los Centros de Atención a la Infancia de la red del Ayuntamiento (un 15% menos que la media de los centros externalizados). Unido al menos a cinco años sin ningún tipo de mejora salarial, la actual política de remuneración de nuestra entidad y su falta de voluntad en no puntuar mejoras salariales, nos condena a un total de al menos 11 años de congelación salarial. En las escuelas de Educación Infantil mantienen un salario base 27 euros/menor para las educadoras y los educadores infantiles, que para auxiliares de apoyo y personal de servicios.
  • No podemos dejar de poner sobre la mesa que un sector y una plantilla (por encima del 72%) fuertemente feminizado, redunda en una triple precarización: sectorial, de género y víctimas de un fondo buitre. Cualquier persona con la reducción mínima de cuidado por persona a cargo (hijo, hija, padres, madres…) está velando por el cuidado de todas las familias menos la suya por poco más de 1.000€ al mes. Toda esta precariedad puede extenderse a la no cobertura de bajas relacionadas con el COVID-19, la gestión de un teletrabajo que solo se ha aplicado de manera forzosa, sin compensación y cuando ha interesado o se han visto abocados por brotes en los centros.
  • Precarizar, recortar y generar suculentos contratos para directivos, eleva a nivel macro el deterioro de los servicios públicos. Una empresa, en la que hasta antes de la compra los salarios suponían el 80% del presupuesto anual, está ahora sobre el 55%, lo que supone poder retirar el año 2019 44 millones de euros y aún así generar beneficios de 4 millones de euros, duplicando los del 2018. Todo esto gestionando dinero público y empobreciendo los servicios con el beneplácito y complacencia de las diferentes corporaciones municipales y autonómicas, en este caso el Ayuntamiento de Madrid.

Después de todo lo expuesto nos preguntamos: unos Servicios Sociales ¿son sociales si defienden los intereses de una empresa? ¿Son sociales si la empresa que realiza la intervención tiene como objetivo cumplir unos cupos que le impone la administración y que generalmente no evalúan la calidad si no la cantidad? ¿Son Servicios Sociales si se nos lee desde una perspectiva únicamente económica? ¿Quizás sea la municipalización lo que realmente nos pueda otorgar la salvación del sistema o existe un modelo intermedio en el que solo participen entidades sociales dejando fuera a las empresas puras de gestión? ¿Será el problema la forma de valorar los pliegos? ¿Qué os parece?

VocesS Microfono

Comité Empresa Sef en colaboración con el equipo de VocesS

4 thoughts on “La ética del dinero y los Servicios Sociales.

  1. Sería muy interesante que también hicieran un estudio de este tipo con entidades sociales tipo Cruz Roja que cubre muchos puestos de trabajo con voluntariado, sus políticas de personal y el horario son nefastas y sus sueldos en algunas provincias rozan lo indecente. Véase el ejemplo de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife donde una persona con una carrera universitaria apenas cobra 1.000 euros mensuales.

  2. Buenísimo artículo! La pena es que el que no está metido en este mundo desconoce de todo esto. Súper necesario el mostrarlo y dale luz.
    Yo hace dos ańos entré a trabajar en una entidad social “sin ánimo de lucro” fundación diagrama, otra de las que tiene centros por toda espańa. Y al entrar aquí a trabajar a sido cuando he descubierto la precariedad el negocio y la normalización de las malas condiciones en el ámbito social. Desesperante, desalentador, enfermizo e intolerable.
    Gracias una vez más por visibilizarlo.
    Ganas de encontrar grupos que estén uniéndose para denunciar y cambiar esto. Si alguien sabe que me diga por favor.

  3. Felicidades por este artículo.
    Describe a la perfección la situación donde el interés por desarrollar y poner en marcha proyectos de calidad que realmente transformen vidas,es nulo.
    El interés es exclusivamente económico consiguiendo la precariedad laboral y cómo resultado la cronificacion de muchos ámbitos sociales que a la larga generan más costes.
    Gracias por visibilizarlo.

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