Asistimos a otra entrega de borrado y menosprecio de la Educación Social, bien es cierto, que podríamos estar acostumbradas a este tipo de «jugadas», pero quizás, es por el momento en el que llega, o por lo descarado del agravio de este hecho, que se ha convertido en la gota que ha colmado el vaso.

¿Qué ha pasado? La Comunidad de Madrid ha sacado 443 plazas de estabilización en la categoría profesional de Titulado Medio Educador (Grupo II, Nivel 7, Área C). Además, convocan también 40 plazas en turno libre. El puesto es para educador de centros de menores, tanto de protección como de reforma y el acceso a estas plazas es para cualquier titulado universitario. Casi 500 plazas que Comunidad de Madrid convoca sin tener ningún criterio de profesionalidad, de respeto, incluso pecando de falta de conocimiento al ofertar un plaza para la que se necesita una formación y una experiencia especifica abierta a cualquier titulación.

Parece ser que a la Comunidad de Madrid no le preocupa la infancia protegida, dándole poca importancia a la profesionalidad de las personas que van a tratar con estos chicos y chicas día a día. Y os preguntaréis: con todas las convocatorias que han salido en las que no se ha respetado nuestra titulación, ¿por qué es esta la que ha generado tanto movimiento?.

Pues bien, lo primero, porque literalmente estamos hasta el c*** de que no se respete nuestra profesión. Lo segundo, porque llevamos esperando estas oposiciones 21 años. Hagamos un poco de historia, las últimas oposiciones fueron convocadas en 1998, el examen se realizó en año 2000, para estas oposiciones solo pedían tener estudios de Bachillerato. Con los años, la concepción de educador de menores cambió y se consideró que para trabajar con la infancia en desprotección hacia falta una mayor profesionalización, por esto, en 2006 se creó una bolsa subsidiaria en la que ya se pide titulaciones sociales. Un medio paso adelante, teniendo en cuenta que, en ese mismo año, los estudios de educación social estaban plenamente integrados en la oferta formativa universitaria y ya habían dado varias hornadas de profesionales, perfil que creemos es el que debería ocupar ese puesto. En fin… (introduzca aquí, persona lectora, un suspiro de desesperanza).

Desde el 2006 hasta ahora no ha existido ningún movimiento por parte de la CAM, hasta finales del año pasado que convoca las plazas a las que nos referimos. Y sí, contra todo pronostico la CAM ha decido dar dos pasos atrás y dar acceso a este puesto profesional a cualquier titulado. ¿Por qué este retroceso de Comunidad de Madrid? Pues eso nos gustaría saber a toda la profesión, @Comunidaddemadrid ¿Qué problema tienes?

Pedir cualquier titulación para este puesto es dejar claro que no se tiene mucha idea de lo que es e implica la intervención social, de preocuparse muy poco por los intereses, las necesidades y el desarrollo de la infancia protegida y, por supuesto, de no tener ni idea de Educación Social, de nuestras funciones y nuestra identidad como profesión.

No vamos a hacer aquí un alegato de por qué la Educación Social es el perfil idóneo para trabajar con chicos y chicas en situación de desprotección porque lo consideramos un debate superado (si no lo tienes claro te dejamos este articulo). Pero sí nos gustaría transmitir la rabia, la impotencia que nos causa leer que uno de los temas de estudio en la oposición es «La educación social: ámbitos de actuación y código deontológico»… hay que tener mucha vergüenza para ofertar un puesto de educadora social a cualquier titulado, para luego hacerle estudiar las funciones, la historia y el código deontológico de la Educación Social. Un aplauso para la CAM porque a mezquindad no le gana nadie.

Es lamentable que a 2022 estemos discutiendo otra vez que solo el titulado o habilitado en Educación Social debe ejercer el puesto profesional de educador o educadora. Para nosotras esto es una cuestión de respeto, casi de orgullo. Está claro que este tipo de insulto no se puede hacer con otras carreras, como por ejemplo, Trabajo Social, Medicina, Enfermería o todo el profesorado. En cambio, con nosotras sí. Para empezar porque no tenemos un espacio ganado en el sistema público de Servicios Sociales y porque somos una profesión sin regular, con un respaldo institucional débil y casi inexistentes apoyos políticos.

¿Qué es una profesión regulada?

Las profesiones reguladas son aquellas actividades o conjunto de actividades profesionales para cuyo acceso o ejercicio se exige directa o indirectamente un título y constituyen una profesión en un Estado miembro de la Unión Europea, para ejercer estas profesiones hace falta estar colegiado en el Colegio Profesional correspondiente. A simple vista parece que lo cumplimos, pero os voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Hay una fiesta a la que queremos ir, tenemos los conocimientos necesarios para llegar a la fiesta (titulación en Educación Social), tenemos la vestimenta que exigen en la fiesta, cumplimos el «Dresscode» (Colegio Profesional) pero cuando llegamos allí, no estamos en la lista de invitados. Por lo tanto no podemos acudir a la j***** fiesta que nos facilitaría la vida muchísimo. En fin… (introduzca aquí, persona lectora, un suspiro de desesperanza).

Aun así, esto no es condición «Sine qua non» para poder sacar convocatorias respetando nuestra profesión como se ha hecho ya años atrás en Getafe, como hace Extremadura, Cataluña o Castilla-La Mancha. Dentro de tanta oscuridad, es verdad que nace un rayo de esperanza, pues parece que esto ha terminado por movilizar una profesión que ha estado un poco parada en la lucha de sus derechos. A raíz de estas convocatorias, se han creado varios grupos autogestionados para impugnar las oposiciones alegando ser un puesto para el que exigir la titulación de Educación Social. Esto es un gran avance, ya que consigamos o no la modificación de las oposiciones, estamos viendo que somos capaces de unir fuerzas y de sacar distintas iniciativas adelante.

Pero no puede quedar aquí. Somos 4000 graduados y graduadas en Educación Social en Madrid, a lo que hay que sumar 500 personas habilitadas y un número que desconocido de colegas profesionales que han emigrado desde otros puntos de España para trabajar en Madrid. Necesitamos aunar fuerzas, reclamar y reivindicar nuestro lugar, que somos profesionales y que queremos tener un futuro asegurado ejerciendo nuestra profesión con las mayores garantías. Hay que impugnar cada concurso oposición que no nos considere ni nos respete, no solo pasa en Madrid.

Agradecemos el movimiento que se ha creado a partir de esta situación, todos los espacios de reclamación de nuestra profesión son necesarios para luchar por nuestros derechos laborales. Hemos creado una caja de resistencia para poder hacer frente al gasto judicial que supone una impugnación, os animamos a todas a colaborar. Todos y todas tenemos que contribuir a poner en valor nuestra profesión, colegiándonos, creando discurso, visibilizando y reivindicando tanto nuestro trabajo como nuestros colectivos. Es el momento de no callar, reivindicar y quien sabe igual es el momento de salir a la calle. ¿Quién se anima?

Grupo de Educadores y Educadoras Sociales indignadas en colaboración con VocesS

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