El delegar determinados asuntos de interés público, como son los servicios sociales, a empresas cuyos intereses económicos preponderan a los intereses de las personas usuarias es un error con consecuencias profundas a nivel social. Esto nos coloca en una disyuntiva que supone elegir entre la reintegración de las personas sin hogar, lo que generalmente se logra con inversión y calidad, o el asistencialismo que «mal cubre» las necesidades básicas que sí reporta un beneficio económico.